CUBANOS TEMEN MAYOR ESCASES AGRÍCOLA
LA HABANA -- Los pimientos, las naranjas y el maní cuestan más en los mercados libres conocidos en Cuba como ‘‘agros'', un lugar donde los vendedores, y no el gobierno, son los que deciden los precios. Pero aquí los alimentos se desbordan en una abundancia no vista en esta isla llena de carencias.
El rumor de que el gobierno de Cuba estaba a punto de congelar los precios en los agromercados liberados causó tensiones pocas veces vistas entre la población cubana, acostumbrada a los racionamientos, pero temerosa de que un mayor control del estado genere más escasez.
La policía intervino en un agromercado este mes cuando los clientes comenzaron a gritarles a los inspectores del gobierno que realizaban una visita de rutina, según contaron trabajadores del lugar. Dos reporteros de la AP tuvieron que salir de ese mercado el martes cuando sus preguntas generaron una fuerte discusión.
"Esto va a ser un desastre y habrá menos productos'', afirmó Antonio Gutiérrez, un trabajador de cooperativa que vende hortalizas y frutas en el "agromercado'' de 42 y 19 en el municipio Playa, de la capital.
Los controles de precios acabarían con una de las pocas iniciativas privadas en el país, justo cuando los cubanos esperaban que la economía mejorara con Raúl Castro en el poder, quien tomó el control de manos de su hermano Fidel en febrero del 2008.
El gobierno cubano pensaba, a partir del 1ro de noviembre, congelar los precios en los agromercados liberados, los únicos donde rige la ley de la oferta y la demanda, aunque cuentan con supervisión estatal.
"El Estado aplazó el cambio para el 2 de enero del 2010. Estoy muy preocupado porque podría perder mi trabajo'', manifestó Pablo Miguel Saldívar, trabajador del mercado.
Los medios de prensa cubanos no hicieron comentarios al respecto, pero un delegado municipal capitalino confirmó que se estaba preparando una revisión de los precios en los agromercados liberados, aunque habló bajo condición de anonimato.
Gutiérrez, de una cooperativa en las afueras de la capital que surte viandas, verduras y hortalizas al agromercado, precisó que "la cooperativa le vende el 70 por ciento de su producción al Estado y el 30 por ciento restante queda para los mercados a precio diferenciado''.
El gobernante Raúl Castro está enfrascado en una política de lucha contra la corrupción y de reforzamiento de los controles del estado en varios sectores de la economía.
Ismael, un joven de 24 años que lleva seis años comprando productos en las cooperativas para venderlas en los agromercados liberados, señaló: "Nos quieren eliminar'', aludiendo al gobierno.
"En este mercado hay de todo, eso es lo importante'', señaló. "El Estado, en vez de controlar más, debería liberar este negocio, con una licencia, un impuesto, para acabar con la escasez'', señaló.
Gladys, una jubilada de 72 años con una pensión de 240 pesos ($11), está conforme con que "el estado controle los precios. Con mi pensión es poco lo que puedo comprar aquí. Pero es un problema bien complejo, aquí venden productos y son de calidad en tanto vengo de un agro estatal donde no había casi nada''.
"¿Lograron poner alimentos en manos de la gente? Sí. Pero se reduce el control gubernamental'', comentó Bill Messina, economista agrícola en la Universidad de Florida en Gainesville.
Messina afirmó que el Estado trata de "reforzar el control más que nunca (...) para consolidar el poder y superar la crisis''. Y recordó que el gobierno ya experimentó estas medidas en las décadas de 1980 y 1990, y hace un año después del paso de dos huracanes, "por las mismas razones: el mercado negro, los intermediarios enriqueciéndose, el gobierno incapaz de controlar el mercado y suministrar los alimentos''.
La Associated Press comprobó que el agromercado liberado ofrecía variadas hortalizas, frutas y viandas. En dos agromercados estatales se vendían plátanos, cebollinos y calabaza china en uno, y malanga, boniato y ajo en otro.
En la isla existe un programa de venta controlada a precios subsidiados para productos de la canasta básica mediante el cual cada mes la población compra frijoles, papas, huevos, azúcar, café, arroz, leche, compota para niños, pescado y pollo.
"El problema es que el Estado tiene mucho atraso en el pago a los campesinos, mientras los camioneros pagamos al momento'', afirmó Ismael, un trabajador del mercado llamado ‘‘intermediario'', que dio sólo su primer nombre porque parte de lo que hace es ilegal. "Somos bandidos, eso dicen, pero sin nosotros, no funciona nada'', agregó.
Messina afirmó que en el gobierno autorizó el funcionamiento de estos mercados para cubrir una necesidad y que tomó esta medida de control varias veces "por algunas de las mismas razones de ahora: el mercado negro, los intermediarios que ganan mucho dinero y la incapacidad del gobierno de controlar el mercado y el suministro de alimentos''.
En la actualidad operan más de 300 mercados en todo el país, pero en todos hay una supervisión del Estado, en particular para fijar los precios, para evitar que suban demasiado y que los comerciantes se enriquezcan.
Tras el paso devastador de los huracanes Gustav e Ike el año pasado, el gobierno obligó a congelar el precio de los productos del agro en todos los mercados campesinos y restringió las ventas para evitar el acaparamiento. Esos mercados prácticamente cerraron porque los vendedores preferían quedarse en casa que enfrentar las pérdidas.
Los controles permanentes de los precios pudieran arruinar a los vendedores de frutas y vegetales, como es el caso de Pablo Miguel Saldívar, que lleva 12 años como vendedor en el mercado de la calle 42 y la 19.
María Elena, quien no quiso dar su apellido para no ser identificada como que critica al gobierno, es una ingeniera agrícola que gana más dinero vendiendo frutas. "Tengo 51 años. ¿A dónde voy a ir?", preguntó.
Cuando los funcionarios del gobierno llegaron a este mercado hace tres semanas para cerrarlo por inspección, se propagaron rumores de que iban a imponer nuevos precios. Los compradores se amotinaron, gritando, hasta que llegó la policía.
"Fue un malentendido y la gente reaccionó'', dijo Saldívar.
Pero en los agromercados reina un ambiente tenso ante la perspectiva de que el Estado intervenga nuevamente.
Nancy Alfonso, una jubilada, desató tremendo revuelo el martes cuando defendió los cambios propuestos diciendo: "El Estado no roba, es toda esta gente la que roba''.
La gritería de ambos lados fue tan intensa que las autoridades sacaron a los periodistas que estaban en el lugar.
"¿No se dan cuenta que es prensa extranjera?", le dijo molesto un administrador del mercado a Alfonso y a otros clientes que vociferaban mientras sacaba a la Associated Press del lugar.
Por ANNE-MARIE GARCÍA
The Associated Press
El rumor de que el gobierno de Cuba estaba a punto de congelar los precios en los agromercados liberados causó tensiones pocas veces vistas entre la población cubana, acostumbrada a los racionamientos, pero temerosa de que un mayor control del estado genere más escasez.
La policía intervino en un agromercado este mes cuando los clientes comenzaron a gritarles a los inspectores del gobierno que realizaban una visita de rutina, según contaron trabajadores del lugar. Dos reporteros de la AP tuvieron que salir de ese mercado el martes cuando sus preguntas generaron una fuerte discusión.
"Esto va a ser un desastre y habrá menos productos'', afirmó Antonio Gutiérrez, un trabajador de cooperativa que vende hortalizas y frutas en el "agromercado'' de 42 y 19 en el municipio Playa, de la capital.
Los controles de precios acabarían con una de las pocas iniciativas privadas en el país, justo cuando los cubanos esperaban que la economía mejorara con Raúl Castro en el poder, quien tomó el control de manos de su hermano Fidel en febrero del 2008.
El gobierno cubano pensaba, a partir del 1ro de noviembre, congelar los precios en los agromercados liberados, los únicos donde rige la ley de la oferta y la demanda, aunque cuentan con supervisión estatal.
"El Estado aplazó el cambio para el 2 de enero del 2010. Estoy muy preocupado porque podría perder mi trabajo'', manifestó Pablo Miguel Saldívar, trabajador del mercado.
Los medios de prensa cubanos no hicieron comentarios al respecto, pero un delegado municipal capitalino confirmó que se estaba preparando una revisión de los precios en los agromercados liberados, aunque habló bajo condición de anonimato.
Gutiérrez, de una cooperativa en las afueras de la capital que surte viandas, verduras y hortalizas al agromercado, precisó que "la cooperativa le vende el 70 por ciento de su producción al Estado y el 30 por ciento restante queda para los mercados a precio diferenciado''.
El gobernante Raúl Castro está enfrascado en una política de lucha contra la corrupción y de reforzamiento de los controles del estado en varios sectores de la economía.
Ismael, un joven de 24 años que lleva seis años comprando productos en las cooperativas para venderlas en los agromercados liberados, señaló: "Nos quieren eliminar'', aludiendo al gobierno.
"En este mercado hay de todo, eso es lo importante'', señaló. "El Estado, en vez de controlar más, debería liberar este negocio, con una licencia, un impuesto, para acabar con la escasez'', señaló.
Gladys, una jubilada de 72 años con una pensión de 240 pesos ($11), está conforme con que "el estado controle los precios. Con mi pensión es poco lo que puedo comprar aquí. Pero es un problema bien complejo, aquí venden productos y son de calidad en tanto vengo de un agro estatal donde no había casi nada''.
"¿Lograron poner alimentos en manos de la gente? Sí. Pero se reduce el control gubernamental'', comentó Bill Messina, economista agrícola en la Universidad de Florida en Gainesville.
Messina afirmó que el Estado trata de "reforzar el control más que nunca (...) para consolidar el poder y superar la crisis''. Y recordó que el gobierno ya experimentó estas medidas en las décadas de 1980 y 1990, y hace un año después del paso de dos huracanes, "por las mismas razones: el mercado negro, los intermediarios enriqueciéndose, el gobierno incapaz de controlar el mercado y suministrar los alimentos''.
La Associated Press comprobó que el agromercado liberado ofrecía variadas hortalizas, frutas y viandas. En dos agromercados estatales se vendían plátanos, cebollinos y calabaza china en uno, y malanga, boniato y ajo en otro.
En la isla existe un programa de venta controlada a precios subsidiados para productos de la canasta básica mediante el cual cada mes la población compra frijoles, papas, huevos, azúcar, café, arroz, leche, compota para niños, pescado y pollo.
"El problema es que el Estado tiene mucho atraso en el pago a los campesinos, mientras los camioneros pagamos al momento'', afirmó Ismael, un trabajador del mercado llamado ‘‘intermediario'', que dio sólo su primer nombre porque parte de lo que hace es ilegal. "Somos bandidos, eso dicen, pero sin nosotros, no funciona nada'', agregó.
Messina afirmó que en el gobierno autorizó el funcionamiento de estos mercados para cubrir una necesidad y que tomó esta medida de control varias veces "por algunas de las mismas razones de ahora: el mercado negro, los intermediarios que ganan mucho dinero y la incapacidad del gobierno de controlar el mercado y el suministro de alimentos''.
En la actualidad operan más de 300 mercados en todo el país, pero en todos hay una supervisión del Estado, en particular para fijar los precios, para evitar que suban demasiado y que los comerciantes se enriquezcan.
Tras el paso devastador de los huracanes Gustav e Ike el año pasado, el gobierno obligó a congelar el precio de los productos del agro en todos los mercados campesinos y restringió las ventas para evitar el acaparamiento. Esos mercados prácticamente cerraron porque los vendedores preferían quedarse en casa que enfrentar las pérdidas.
Los controles permanentes de los precios pudieran arruinar a los vendedores de frutas y vegetales, como es el caso de Pablo Miguel Saldívar, que lleva 12 años como vendedor en el mercado de la calle 42 y la 19.
María Elena, quien no quiso dar su apellido para no ser identificada como que critica al gobierno, es una ingeniera agrícola que gana más dinero vendiendo frutas. "Tengo 51 años. ¿A dónde voy a ir?", preguntó.
Cuando los funcionarios del gobierno llegaron a este mercado hace tres semanas para cerrarlo por inspección, se propagaron rumores de que iban a imponer nuevos precios. Los compradores se amotinaron, gritando, hasta que llegó la policía.
"Fue un malentendido y la gente reaccionó'', dijo Saldívar.
Pero en los agromercados reina un ambiente tenso ante la perspectiva de que el Estado intervenga nuevamente.
Nancy Alfonso, una jubilada, desató tremendo revuelo el martes cuando defendió los cambios propuestos diciendo: "El Estado no roba, es toda esta gente la que roba''.
La gritería de ambos lados fue tan intensa que las autoridades sacaron a los periodistas que estaban en el lugar.
"¿No se dan cuenta que es prensa extranjera?", le dijo molesto un administrador del mercado a Alfonso y a otros clientes que vociferaban mientras sacaba a la Associated Press del lugar.
Por ANNE-MARIE GARCÍA
The Associated Press
0 comentarios:
Publicar un comentario