El gobierno de Cuba ha prometido trasladar a hospitales a los presos políticos enfermos y llevar a otros disidentes encarcelados a lugares más cercanos a sus provincias de origen, en una asombrosa concesión a la reciente avalancha de críticas por su historial de derechos humanos, dijo el domingo un periodista independiente.
Guillermo Fariñas, que mantiene una prolongada huelga de hambre para exigir la liberación de 26 presos políticos enfermos, dijo que el arzobispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández, le dijo que los cambios comenzarían el lunes y que al final algunos disidentes encarcelados podrían ser liberados.
Las autoridades católicas han mantenido a Fariñas y a las Damas de Blanco al tanto de sus negociaciones con el gobernante Raúl Castro sobre la suerte de los presos políticos, que en estos momentos se calculan en unos 190.
El gobierno cubano ha permanecido en silencio ante los comentarios de Fariñas, pero activistas de derechos humanos de La Habana dijeron que han recibido información de disidentes encarcelados de que algunos directores de prisiones han informado a varios de ellos que empaquen sus pertenencias.
La medida del gobierno, si se confirma, sería un poco común gesto de buena voluntad por los gobernantes comunistas de la isla, que enfrentan una seria ola de críticas tanto en la isla como en el extranjero sobre su historial de derechos humanos, que tomó fuerza en febrero con la muerte del preso político Orlando Zapata tras una prolongada huelga de hambre.
Fariñas declaró por teléfono a El Nuevo Herald desde su cama de hospital en Santa Clara, donde ha recibido alimentos por vía intravenosa debido a su negativa de comer y beber, que Hernández le dio la información durante una visita el sábado.
Hernández le dijo que Homero Acosta, secretario ejecutivo del gobernante Consejo de Estado, informó por teléfono el viernes a las autoridades católicas que el gobierno comenzaría el lunes a trasladar a hospitales a todos los presos políticos enfermos de gravedad, y a otros a prisiones más cerca de su lugar habitual de residencia, dijo Fariñas.
Fariñas exige la liberación de 26 presos políticos que alega están tan enfermos que necesitan hospitalización, pero agregó que una lista separada que lleva la Iglesia Católica de prisioneros de conciencia en mal estado de salud tiene 37 nombres.
Entre los 190 presos políticos están 53 de los 75 disidentes condenados a largas sentencias de prisión en una ola de represalia conocida como la Primavera Negra. Un total de 22 de los 75 han sido liberados, casi todos por razones de salud, y 17 de los que quedan presos están lejos de sus familias, dijo Fariñas.
Hernández agregó que se espera que Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega, que se entrevistaron durante cuatro horas la semana pasada, se vuelvan a reunir esta semana ‘‘para discutir la liberación de algunos prisioneros políticos'', según Fariñas.
Un despacho de The Associated Press atribuyó a Orlando Márquez, portavoz de la Arquidiócesis de La Habana, haber confirmado que funcionarios de gobierno habían informado a las autoridades eclesiásticas que algunos de los prisioneros serían trasladados a prisiones más cercanas a sus viviendas, pero no ofreció más detalles.
Una alta autoridad católica en La Habana declaró a El Nuevo Herald que no podía confirmar todos los detalles que Fariñas dijo que recibió de Hernández, pero agregó: ‘‘Esperen al lunes''.
Fariñas dijo que la decisión del gobierno de Castro de mejorar el trato a los disidentes encarcelados era "un intento de amortiguar'' el reciente torrente de críticas a sus políticas de derechos humanos, que incluyó fuertes declaraciones de izquierdistas europeos y latinoamericanos que tradicionalmente apoyan las políticas del gobierno de La Habana.
"No quieren darle crédito a la oposición pacífica'', dijo, refiriéndose a las marchas dominicales de protesta de las Damas de Blanco y su huelga de hambre. "Así que están negociando con la Iglesia''.
El gobierno de Fidel Castro liberó unos 300 presos políticos y comunes poco después que el Papa Juan Pablo II visitó Cuba en 1998 y exhortó a las autoridades de liberar a los disidentes encarcelados por criticar públicamente al gobierno.
Las autoridades cubanas niegan regularmente que en la isla hay presos políticos y los califica de "mercenarios'' que han aceptado dinero de Estados Unidos para socavar o derrocar al gobierno.
Elizardo Sánchez dijo que se mantiene escéptico sobre las intenciones del gobierno y describió de "un mero gesto de condescendencia'' el acuerdo para mejorar las condiciones de algunos presos políticos.
La portavoz de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo que las autoridades católicas informaron a su grupo sólo que Ortega le había pedido a Castro que trasladara los presos políticos enfermos a hospitales y a otros a prisiones en sus provincias de origen.
"No nos dieron ninguna respuesta, pero estamos llenas de fe y esperanza'', declaró Soler a El Nuevo Herald desde La Habana. "Esperamos que las respuestas sean positivas''.
Fariñas, psicólogo y periodista independiente de 42 años, ha perdido más de 70 libras de peso desde que comenzó la huelga de hambre el 23 de febrero, un día después de la muerte de Zapata. Un tercer disidente ha prometido declararse en huelga de hambre si Fariñas fallece.
Aunque Raúl Castro inicialmente dio señales de que el gobierno dejaría morir a Fariñas, afirmando que no aceptaría ningún "chantaje'', el disidente han recibido atención en la sala de terapia intensiva de un hospital del gobierno y se le permite ofrecer entrevistas regularmente a la prensa extranjera por teléfono.
Raúl Castro también ha permitido que las Damas de Blanco realicen sus marchas dominicales durante los últimos tres domingos, después de varias semanas en que agentes de la Seguridad del Estado y muchedumbres organizadas por el gobierno las obligaron a suspender las protestas.
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